Pese a que la Fiscalía General de la Nación solicitó la preclusión del caso contra el exmandatario y exsenador, que fue imputado por manipulación de testigos y fraude procesal, una juez de la Republica despachó de manera desfavorable dicha pretensión, desestimando uno a uno los argumentos esgrimidos por el ente acusador y coadyuvados por la Procuraduría y la defensa técnica.
Para sorpresa de la mayoría, la Fiscalía General de la Nación -única facultada en dicho momento-, no apelo la decisión, con lo que esta quedó en firme. No obstante, esto no implica que el expresidente deba ir a juicio inmediatamente, ya que la Fiscalía tiene dos opciones, así (i) profundizar varias de las líneas de investigación y radicar otra solicitud de preclusión basándose en causales diferentes a las ya examinadas o, (ii) si los elementos materiales probatorios, evidencia física o información legalmente obtenida, permiten afirmar, con probabilidad de verdad, que la conducta delictiva existió y que el imputado es su autor o partícipe, corresponde radicar el escrito de acusación.
La decisión inicia con un recuento de las posiciones de las partes e intervinientes sobre los seis hechos relevantes que se abordaron en el proceso. Posteriormente, tras cuestionar las afirmaciones de la defensa del expresidente, en el sentido de que no había certeza sobre la imputación jurídica, la jueza recordó que la Fiscalía solicitó la preclusión por dos causales: atipicidad, es decir, que los hechos no configuraron un delito; y ausencia de intervención del investigado, que, en otras palabras, quiere decir que, si hubo delitos, no fueron cometidos por el imputado. Al respecto, señaló que es necesario demostrar tales causales plenamente, pues de lo contrario esta es improcedente.
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