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Del Congreso a las urnas: La consulta popular como herramienta para la reforma laboral en Colombia.

  • Foto del escritor: Relatoría BVS Business and Legal Group
    Relatoría BVS Business and Legal Group
  • 24 abr
  • 3 Min. de lectura

Actualizado: 25 abr

La consulta popular impulsada por el gobierno colombiano en 2025 representa un hito en la búsqueda de reformas laborales mediante mecanismos de participación ciudadana directa. Esta iniciativa surge tras el fracaso legislativo de la reforma laboral propuesta por el presidente Gustavo Petro, la cual fue archivada por el Congreso en marzo de 2025. Ante este escenario, el Ejecutivo optó por convocar al pueblo colombiano para que se pronuncie sobre aspectos fundamentales de la legislación laboral.


Marco jurídico y procedimental.


La consulta popular es un mecanismo de participación ciudadana contemplado en la Constitución Política de Colombia y regulado por la Ley Estatutaria 1757 de 2015. Permite que los ciudadanos decidan sobre temas de trascendencia nacional mediante el voto directo. Para que sus resultados sean vinculantes, se requiere una participación mínima del 25% del censo electoral y que la opción mayoritaria obtenga la mitad más uno de los votos válidos.


Contenido de la consulta.


El gobierno presentó un cuestionario compuesto por 12 preguntas que abordan diversos aspectos de la reforma laboral, entre ellos:


1. Limitación de la jornada laboral diurna a un máximo de 8 horas entre las 6:00 a.m. y las 6:00 p.m.

2. Pago del 100% de recargo por trabajo en días dominicales y festivos.

3. Incentivos y tasas preferenciales para micro, pequeñas y medianas empresas productivas, preferentemente asociativas.

4. Permisos laborales para tratamientos médicos y licencias por periodos menstruales incapacitantes.

5. Obligación para las empresas de contratar al menos dos personas con discapacidad por cada 100 trabajadores.

6. Formalización laboral de los aprendices del SENA y de instituciones similares.

7. Regulación de las condiciones laborales de los trabajadores de plataformas digitales, incluyendo la seguridad social.

8. Establecimiento de un régimen laboral especial para trabajadores agrarios que garantice derechos laborales y salario justo.

9. Eliminación de la tercerización e intermediación laboral mediante contratos sindicales que violen derechos laborales.

10. Formalización y acceso a la seguridad social para trabajadores informales como trabajadoras domésticas, madres comunitarias, periodistas, deportistas, artistas y conductores.

11. Promoción de la estabilidad laboral mediante contratos a término indefinido como regla general.

12. Constitución de un fondo especial destinado al reconocimiento de un bono pensional para campesinos y campesinas.     


Estas preguntas fueron diseñadas para ser respondidas con un “sí” o un “no”, facilitando así la participación ciudadana y la claridad en los resultados.


Contexto político y social.


La iniciativa de la consulta popular se enmarca en un contexto de tensiones entre el Ejecutivo y el Legislativo, donde la reforma laboral propuesta por el gobierno fue rechazada en dos ocasiones por el Congreso. El presidente Petro ha argumentado que este mecanismo busca superar los bloqueos institucionales y permitir que el pueblo decida directamente sobre reformas que afectan sus derechos laborales.


Sin embargo, la propuesta ha generado divisiones políticas. Mientras que sectores afines al gobierno la respaldan como una expresión de democracia participativa, partidos de oposición y gremios empresariales han manifestado preocupaciones sobre el contenido de las preguntas y el impacto económico de las reformas propuestas. Además, se ha señalado que la consulta podría tener implicaciones fiscales significativas y que algunas de las medidas propuestas podrían afectar la generación de empleo y la competitividad empresarial.


Perspectivas y desafíos.


La consulta popular representa un desafío tanto logístico como político. Para que sus resultados sean vinculantes, se requiere una alta participación ciudadana, lo cual implica una campaña de información y movilización efectiva. Además, en caso de que la consulta sea aprobada, el Congreso deberá legislar en concordancia con la voluntad popular expresada, lo que podría generar nuevas tensiones institucionales.


En conclusión, la consulta popular promovida por el gobierno colombiano en 2025 es una expresión de la búsqueda de mecanismos de democracia directa para impulsar reformas sociales. Su éxito dependerá de la participación ciudadana, la claridad en la formulación de las preguntas y la capacidad de las instituciones para implementar los resultados respetando el equilibrio de poderes y la sostenibilidad económica del país.

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